25/03/2011
Imagen del Plan de Investigación
Según datos recientes de las autoridades de Colombia, en ese país se han registrado más de 55.000 casos de personas desaparecidas, de los cuales unos 15.000 son considerados desapariciones forzadas.
Desde el primer caso de desaparición forzada registrado por Naciones Unidas en el año 1973 hasta finales de la década de 1990, los perpetradores habían sido agentes del Estado que actuaban con el apoyo de grupos armados al margen de la ley; y el modus operandi durante esta etapa había sido selectivo.
Es decir, que las víctimas eran identificadas por su rol social, como líderes sindicales, miembros de la guerrilla o personas vinculadas con el movimiento de derechos humanos, explica Isabel Albaladejo Escribano, consultora de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).
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"Sin embargo a finales de la década de los noventa empieza a darse un cambio sustantivo en cuanto al "modus operandi"; ya deja de ser una modalidad selectiva y se convierte en una modalidad sistemática. La desaparición forzada se convierte en un crimen de lesa humanidad y sistemático. Las víctimas no son identificadas en función de su rol social, sino que esa desaparición forzada se lleva a cabo contra toda aquella persona que pueda servir de obstáculo a los intereses de los grupos armados al margen de la ley", indica la especialista.
En esta segunda etapa, los grupos armados hacen del delito de desaparición forzada una modalidad para hacer desaparecer a todas aquellas personas cuyos bienes se querían arrebatar, señala la experta.
"Las estadísticas dan cuenta de que a partir del año 2000 al 2008 las cifras de desaparición forzada se disparan. Las denuncias que se están presentando, todavía a fecha de hoy, de esos años se eleva sustantivamente. Los casos de desaparición forzada entre el 2000 y el 2006, 2008 inclusive; y ya es una modalidad sistemática y los autores ya en esta época son sobretodo grupos armados al margen de la ley, principalmente paramilitares".
Para luchar contra este flagelo que desgarra a toda la sociedad colombiana, La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y la de Derechos Humanos junto al gobierno de Colombia lanzaron recientemente una iniciativa con el objetivo de identificar a los responsables y cómplices de este delito, procesarlos y lograr condenas ejemplares.
Isabel Albaladejo destaca los puntos principales de esta nueva herramienta.
