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COMUNIDAD ASEDIADA EN MÉXICO
Mayo 12, 2010 @ 4:16 am Acciones urgentes, Defensores y defensoras de los Derechos Humanos, Derechos Humanos en Latinoamérica, Derechos de los Pueblos Indígenas, Impunidad, Organismos Inter Gubernamentales, Temor por la seguridad, derechos económicos sociales y culturales
ACCIÓN URGENTE
La comunidad de San Juan Copala, en el sur de México, está  rodeada por paramilitares. A quienes tratan de romper el asedio los amenazan, los atacan o los matan. Pese a que la atención de los medios de comunicación está centrada en la zona desde la muerte de una defensora de los derechos humanos y un observador internacional, las autoridades federales y estatales no han emprendido acciones para poner fin al asedio.
Los 700 indígenas triqui que habitan en San Juan Copala, estado de Oaxaca, declararon en 2007 su comunidad municipio indígena autónomo en un esfuerzo por unir a los triquis. Puesto que propugnan el autogobierno, no reconocen la autoridad de las autoridades públicas existentes en las localidades mayoritariamente no triquis de la región. Durante varios meses, los miembros de un grupo armado llamado Ubisort han bloqueado los accesos a la comunidad, en aparente represalia por la declaración de autonomía. Según los residentes, Ubisort rompió la conducción de agua hasta la comunidad –lo que los ha obligado a utilizar una fuente de agua contaminada– y ha impedido que se reparen los cables de electricidad dañados. Sólo se permite a unos pocos residentes ir a buscar comida a la localidad más cercana. Desde principios de abril, se obliga a todos los vehículos a dar la vuelta y regresar a la comunidad. Se han realizado disparos contra la comunidad desde las colinas circundantes y, el 17 de abril, José Celestino Hernández Cruz, de San Juan Copala, murió a manos de Ubisort. Desde entonces, el asedio a la comunidad se ha intensificado. Los docentes y el personal médico no pueden entrar en ella, con lo que se restringe el acceso a la educación y a los servicios de salud. Ubisort está vinculado al partido político que gobierna Oaxaca, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 27 de abril, un grupo de defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas, acompañados por observadores internacionales, trataron de llegar a San Juan Copala para dar a conocer el asedio y llevar ayuda humanitaria. Miembros armados de Ubisort les tendieron una emboscada, y mataron a una mujer –la defensora local de los derechos humanos Alberta Cariño, conocida como Beatriz o Bety– y a un hombre, el finlandés Jyri Antero Jaakkola (véase AU 101/10, [1] http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/035/2010/es, y su actualización).
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
  • pidiendo a los gobiernos federal y estatal que emprendan acciones inmediatas para proteger a los residentes de San Juan Copala y garantizar que tienen acceso a suministros adecuados de alimento y agua, así como a la atención médica que puedan necesitar;
  • instándolos a poner fin al asedio a la comunidad por parte del grupo armado Ubisort, para que los residentes puedan circular libremente, comunicarse con el mundo exterior y recibir visitas de misiones humanitarias sin temor a ataques o represalias;
  • pidiendo que se investigue la muerte de José Celestino Hernández Cruz, que se hagan públicos los resultados de esa investigación y que se lleve a los responsables ante la justicia;
  • pidiendo a las autoridades federales que impidan los abusos contra los derechos humanos cometidos por Ubisort contra los residentes locales, y que investiguen los vínculos del grupo con los miembros del PRI, el partido gobernante en Oaxaca; pidiéndoles asimismo que todos los implicados en abusos contra los derechos humanos comparezcan ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 18 DE JUNIO DE 2010 A:
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont
Secretaría de Gobernación 
Bucareli 99, 1er. piso,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,
México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Tratamiento: Señor Secretario

Lic. Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador del Estado de Oaxaca
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Km. 9.5, Santa María Coyotepec,
Oaxaca C.P. 71254, Oaxaca, MÉXICO
  •  
      Fax: +52 951 502 0530
  •  
      (digan: “el tono de fax, por
  •  
      favor”)
Tratamiento: Señor Gobernador
Copia a:
ONG
Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos - CACTUS
Jazmín 31, Fraccionamiento Jardines del Sur
Huajuapán de León, Oax. C.P. 69007
México
Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE
COMUNIDAD ASEDIADA EN MÉXICO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pese a los reiterados llamamientos a los gobiernos estatal y local para que emprendan acciones, no se ha hecho nada para obligar a los miembros de Ubisort a rendir cuentas por los homicidios o el asedio a San Juan Copala, ni para garantizar que la comunidad tiene acceso a suministros adecuados de alimento y agua y que puede vivir sin temor. El 5 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió protección para los residentes de San Juan Copala.
Quienes encabezan los esfuerzos por romper el círculo de exclusión, desigualdad, pobreza y otras violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas en México pagan un alto precio.
La región triqui, de población mayoritaria indígena, es una de las más pobres y conflictivas del país. Durante más de 30 años se ha visto dividida por un conflicto intercomunitario en el que decenas de personas han muerto. Las autoridades estatales y federales rara vez actúan para hacer rendir cuentas a los responsables, y el partido que gobierna el estado ha sido acusado a menudo de exacerbar el conflicto en la región mediante la creación de organizaciones como Ubisort que reciben subvenciones gubernamentales para el desarrollo social. Los derechos del grupo indígena triqui han sido ignorados y violados reiteradamente. La declaración de autonomía de San Juan Copala fue un intento de la comunidad indígena de determinar la manera en la que se gobierna, distanciarse de los partidos políticos locales a los que se ha culpado por esta violencia, y establecer un gobierno triqui tradicional para superar las divisiones de la comunidad.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece: “Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a […] ningún otro acto de violencia”.
AU: 110/10 Índice: AMR 41/039/2010 Fecha de emisión: 10 de mayo de 2010
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