26-01-2012 / 8:40: h
Auckland (Nueva Zelanda), 26 ene (EFE).- Un tribunal
neozelandés concedió hoy la libertad condicional a dos de los tres
directivos de Megaupload que fueron detenidos en Auckland junto al
fundador del portal Kim Schmitz, y sobre quienes pesa una solicitud de
extradición por parte de Estados Unidos por piratería informática.
El
juez David McNaughton del Tribunal del distrito de North Shore anunció
la puesta en libertad condicional al alemán Finn Batato, de 38 años y
jefe técnico del Megaupload y al programador holandés Bram van del Kolk,
de 29 años.
Pero aun queda pendiente el fallo sobre la libertad
condicional pedida por Mathias Ortmann, de 40 años y cofundador de
Megaupload.
Schmitz, conocido como Dotcom, fue detenido junto a
los tres ejecutivos el viernes 20 (jueves 19 en Estados Unidos) en su
mansión de las afueras de Auckland, en el marco de un amplio operativo
internacional que incluyó el cierre de su portal de descargas y la
detención en Europa de otros dos presuntos cómplices.
El juez
MacNaughton denegó ayer la libertad condicional de Dotcom por considerar
que existe un riesgo de fuga debido a sus múltiples identidades,
posibilidad de acceder a dinero en efectivo o cuentas bancarias,
organizar su traslado y obtener documentos falsos.
Dotcom, quien
ha apelado el fallo, permanecerá en prisión hasta el 22 de febrero
próximo cuando se celebre una vista sobre la petición de extradición a
Estados Unidos.
Antes que a los dos directivos, el tribunal de
North Shore también otorgó la libertad condicional a Wayne Tempero, el
guardaespaldas de Dotcom acusado de posesión ilegal de un arma
semi-automática.
Las autoridades estadounidenses intervinieron el
portal Megaupload por considerar que ha causado más de 500 millones de
dólares (381 millones de euros) en pérdidas al transgredir los derechos
de autor de compañías y obtenido un beneficio de 175 millones de dólares
(133 millones de euros).
En el caso de que se apruebe la
extradición, los cuatro detenidos serán juzgados en Estados Unidos,
donde la justicia de se país les imputa supuestos delitos de relación
con el crimen organizado, blanqueo de dinero y violación de la ley de
derechos de propiedad intelectual, por los que de ser declarados
culpables pueden ser condenados a una pena máxima de 50 años de cárcel.
EFE
wat/mfr/mlu